El vicepresidente Óscar Fernández defiende que la atención a los menores migrantes no acompañados requiere coordinación, planificación y recursos suficientes
El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familias de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, se ha referido a las declaraciones de Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, sobre la posición de distintas comunidades autónomas ante los traslados de menores migrantes no acompañados.
Fernández ha señalado que se trata de una cuestión compleja que requiere una respuesta coordinada entre las administraciones públicas y ha defendido que los traslados entre comunidades autónomas no pueden constituir la única respuesta a esta situación.
En este sentido, ha subrayado que el interés superior del menor debe ser siempre la prioridad y ha considerado necesario que el Gobierno de España refuerce las actuaciones dirigidas a abordar las causas que provocan estos movimientos migratorios, así como las medidas que permitan favorecer, cuando sea posible y conforme a la legislación vigente, la reunificación familiar.
Óscar Fernández ha insistido en la importancia de que cualquier procedimiento de traslado se desarrolle con las debidas garantías jurídicas, una adecuada planificación y los recursos necesarios para asegurar la atención de los menores.
Asimismo, ha señalado la necesidad de disponer de información rigurosa sobre las personas trasladadas y de aplicar los procedimientos legalmente establecidos para la determinación de la edad cuando existan dudas justificadas.
Fernández ha recordado que las discrepancias sobre el actual sistema de traslados también se han manifestado desde comunidades autónomas gobernadas por distintas formaciones políticas, como Castilla-La Mancha, y ha considerado necesario abordar esta cuestión desde la responsabilidad institucional y el diálogo entre administraciones.
Por último, el consejero ha reiterado que la Junta de Extremadura seguirá defendiendo el ejercicio de sus competencias y la necesidad de que cualquier decisión en esta materia se adopte con seguridad jurídica, planificación y financiación suficiente, garantizando en todo momento la protección y el interés superior de los menores.